El espacio de libertad y seguridad que se construye sobre el respeto a los Derechos Humanos solo puede garantizarse si, a su vez, quienes disfrutamos de esa protección reaccionamos ante su vulneración en cualquier parte del mundo.
El compromiso con la dignidad humana es siempre universal y exige de nosotras y nosotros, como personas, como integrantes de una nación y como parte de la Comunidad Internacional, que alcemos la voz y reclamemos de nuestros representantes públicos el mayor de los compromisos en la salvaguarda de los derechos básicos que deben asistir a todo ser humano.
Desde el año 2023, Sudán se encuentra inmerso en una guerra civil con catastróficas consecuencias humanitarias: más de 50.000 personas han perdido la vida y, a día de hoy, se registra el mayor desplazamiento forzoso de la humanidad, con 12 millones de personas obligadas a huir de sus hogares en un contexto de hambruna y falta generalizada de recursos. No se trata solo de un enfrentamiento interno, sino el reflejo de un orden mundial que tolera la barbarie y el sufrimiento humano anteponiendo intereses geopolíticos y económicos.
Lejos de provocar la reacción de los organismos internacionales para su pacificación, la situación se ha tornado dantesca en los últimos meses, con acciones que recuerdan los abominables sucesos que, en 2003, dieron lugar al genocidio de más de 400.000 personas.
Los testimonios confirmados sobre la toma, el pasado 26 de octubre, de la ciudad de El Fasher, en Darfur, por parte del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, relatan verdaderos crímenes de lesa humanidad: centenares de ejecuciones sumarias, saqueos y torturas generalizadas contra la población civil, fundamentadas en un odio racial que persigue la limpieza étnica.
La crueldad de estas acciones alcanzó niveles insoportables cuando los centros de refugio y asistencia médica se convirtieron en verdaderos mataderos, siendo asesinados a sangre fría los 460 pacientes del hospital de la ciudad.
El rastro de esta devastación —con centenares de cuerpos apilados en las carreteras de salida, donde se perpetraron ejecuciones masivas durante la huida— ha sido confirmado por imágenes de los satélites, que evidencian la magnitud de la barbarie.
En este contexto, la violencia contra las mujeres alcanza cotas de crueldad insoportables, con la utilización sistemática de la violación como arma de guerra y herramienta de limpieza étnica.
La agresión sexual es utilizada de forma masiva sin importar si se está ante niñas, mujeres o ancianas de muy avanzada edad, a sabiendas de que culturalmente supone la mayor humillación y vergüenza para sus familias y la muerte civil para ellas. Naciones Unidas, en cálculos muy conservadores, pues solo tiene en cuenta las agresiones denunciadas, cifra el aumento de la violencia sexual en un 288% desde el comienzo de la guerra.
La infancia tampoco encuentra protección en Sudán: niños y niñas sufren idénticos o peores destinos que las personas adultas, siendo víctimas de esclavitud sexual o de reclutamiento forzoso como niños soldado.
La atrocidad de estos sucesos no es, sin embargo, desconocida. Los ecos de las masacres ocurridas en Ruanda o Bosnia resuenan con historias dolorosamente parecidas, que nos advierten de que las cifras de la barbarie podrían ser incluso mayores.
Por todo ello, realizamos un llamamiento urgente a la Comunidad Internacional, y en particular al Estado español, para que ponga la situación de Sudán en el centro de su acción política y reclame la responsabilidad de terceros Estados con intereses claros en la región —como Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Egipto e Irán— a fin de que cesen en su escalada belicista y participen activamente en la búsqueda de una paz duradera.
Madrid, 13 de noviembre de 2025