https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27935&LangID=S

En dicha publicación se recuerda al Gobierno de España que “debe hacer más, para proteger a los niños de la violencia doméstica y los abusos sexuales, garantizar que sus tribunales superen los prejuicios contra las mujeres y aplicar un enfoque centrado en los niños y de género”.

Según estas personas expertas, “los menores en España están expuestos a la violencia y los abusos sexuales por un sistema judicial que no les protege de los padres abusivos”. Añaden que “incluso en los casos en los que existen antecedentes de violencia doméstica o pruebas de maltrato, las decisiones judiciales a menudo favorecen a los padres varones, incluso en aquellos casos en los que existen motivos razonables para sospechar que abusan hacia los niños y sus madres”.

Este grupo de Naciones Unidas ha seguido de cerca la situación en nuestro país durante casi una década y concluye que “siguen recibiendo información de nuevos casos en España de madres que pierden la custodia de sus hijos a manos de padres maltratadores. Acusadas de dificultar el contacto de los padres con sus hijos -fenómeno conocido como «alienación parental»-, estas mujeres han sido castigadas por los tribunales en lugar de conseguir la protección de su prole”.

En la AMJE estamos muy preocupadas porque en España se siga empleando el Síndrome de Alienación Parental (SAP), teoría pseudocientífica basada en estereotipos contra las mujeres, niñas y niños y que supone un incumplimiento del derecho de las niñas y niños a ser escuchados, así como una discriminación hacia las mujeres por motivos de género.

Recordamos a todos los poderes públicos así como a los y las profesionales que trabajan con menores que los artículos 11.3 y 26.3 letra a de la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia prohíben expresamente tomar en consideración el síndrome de alienación parental o cualquier otro planteamiento teórico o criterio sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta.

Reclamamos que se adopten las medidas necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento de la normativa de protección a la infancia y adolescencia contra cualquier forma de violencia, entre ellas la inclusión de la utilización del Síndrome de Alienación Parental como forma de violencia de género en la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Mujeres Juezas, a 10 de diciembre de 2021

Tras la jornada emitimos unas conclusiones que puedes consultar AQUÍ

A continuación, minutaje del vídeo de la jornada:

Introducción de la magistrada Lara Esteve Mallent- hasta el minuto 5:15

Principios informadores de la ley. Maria Lopez de la Usada, jurista – desde el minuto 5:25 al minuto 16:30

Tutela en Derecho de Familia: Isabel Giménez, jueza Mercantil 3 de Barcelona – desde el minuto 17:20 hasta el minuto 28:02

Tutela en el ámbito institucional: Cristina Nadal Gilabert, letrada y coordinadora del PEF Comunitat Valenciana – desde el minuto 28:24 hasta el minuto 40:10

Tutela en el ámbito social: Gloria Poyatos Matas, magistrada TSJ Sala Social de Canarias – desde el minuto 40:35 hasta el minuto 51:05

Tutela en el ámbito penal: Carmen Delgado Echevarría, magistrada en servicios especiales en el CGPJ – desde el minuto 51:35 hasta el minuto 1.07:26

Tutela en el ámbito penal: Juan Jesús Alcántara Reifs, Policía Local – desde el minuto 1:08:00 hasta el minuto 1:21:15

DEBATE POSTERIOR y CONCLUSIONES – desde el minuto 1:23:00 hasta el final

– Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho en condiciones de igualdad con las personas mayores de edad. Es necesario alejarse del paternalismo y benevolismo, reconociendo el respecto a las personas menores de edad como titulares de derecho propio, tanto a nivel internacional como interno.

– Debemos fijarnos en las capacidades de niños, niñas y adolescentes más que en sus limitaciones; en lo que son, no en lo que no son.

– Debemos limitar y combatir discriminación que pueda afectar a niños, niñas y adolescentes. La primera causa de discriminación de niños, niñas y adolescentes es por la edad.

– Lograr la protección de DDHH de niños, niñas y adolescentes de manera global, y considerar el buen trato como el “respeto a la plena igualdad de derechos y oportunidades y eficacia de los derechos que tienen reconocidos en los Tratados Internacionales”.

– Es necesario aplicar la transversalidad de perspectiva de la infancia que ha de informar la ley en su conjunto y de todas las autoridades y poderes públicos.

– Es necesario reforzar derecho de niños, niñas y adolescentes a expresar su opinión, en las decisiones que les afecten de manera directa o indirecta, e incluir el derecho de participación.

– Importante escuchar a niños, niñas y adolescentes, y reforzar la especialización de personal público en niños, niñas y adolescentes

-Importante dar voz a niños, niñas y adolescentes en la elaboración de la ley, siendo una oportunidad para poner en palabras y en actos la protección anunciada.

– Importante dar luz a violencia incestuosa y sexual. Debemos ser plenamente conscientes que la misma existe, y debemos sacarla de la invisibilidad y oscuridad. Así podremos empezar a combatir esta forma despreciable de violencia hacia niños, niñas y adolescentes.

– Reforzar La asistencia jurídica gratuita. No basta con decir que la misma está a disposición de los niños, niñas y adolescentes, si no que se les ha de acompañar en todo el proceso, incluido la procuraduría, que actúe como contacto con los tribunales y le acompañe a transitar por el proceso judicial.

– Importante modificar el art. 158 para contemplar la restricción o suspensión de las facultades de custodia, estancias y visitas de niños, niñas y adolescentes en los casos de peligro y desamparo para ellos y ellas

– Importante regular cómo se ha de escuchar a los niños, niñas y adolescentes: de manera activa, en condiciones que se permita que puedan expresar lo que opinan y sienten, a través de profesionales que nos permitan captar la realidad que sucede y están viviendo.

– Los niños, niñas y adolescentes no mienten, al menos no más que las personas adultas. El SAP no está reconocido por la comunidad científica, debiendo eliminar las alusiones a este pretendido síndrome en las actuaciones con niños, niñas y adolescentes.

– Sin implicación institucional de poco sirven las grandes leyes. No podemos hablar sólo de administraciones públicas, si no de poderes públicos, que incluyen no sólo al poder ejecutivo, sino también al legislativo y judicial

– Es necesario, para que la ley funcione, una formación adecuada de las personas que participan en la aplicación de la ley, una buena cooperación y una adecuada dotación de medios personal y económicos.

– La ruptura familiar puede impactar en los niños, niñas y adolescentes que se ven implicados e implicadas en la misma. Es fundamental potenciar los recursos públicos para que presten apoyo a familia, niños, niñas y adolescentes durante el proceso de ruptura. El acompañamiento debe extenderse a niños, niñas y adolescentes, y permitir que su participación pueda extenderse a todo el procedimiento.

– Debemos homologar los protocolos de los recursos existentes en derecho de familiar, porque hoy en día los recursos disponibles varían mucho en la dotación, organización, modo de trabajar según los territorios. Esto conlleva diferencias de trato de niños, niñas y adolescentes según estén en un lugar u otro del país.

– Es esencial formar en perspectiva de género de infancia de profesionales de estos servicios.

– En el ámbito social y laboral, hay muchas decisiones que afectan de manera relevante a niños, niñas y adolescentes (permisos por riesgos en embarazo, lactancia, conciliación, corresponsabilidad, complementos de nacimiento de hijo o hija, pensiones orfandad), y se debe tener en cuenta la perspectiva de niños, niñas y adolescentes en las cuestiones que les afecten de manera directa o indirecta.

– Necesidad de regular normas específicas para protección trabajadores y trabajadoras menores de 18 años que trabajan, ya que en España desde los 16 años es posible trabajar, teniendo en cuenta además que son trabajadores y trabajadoras más vulnerables, en especial en determinados sectores y acciones (acoso laboral, explotación laboral, etc).

– Necesidad de reducir tiempos procesales que afecten a menores (conciliación, permisos, etc), ya que en procedimientos laborales de otra naturaleza sí se regulan procedimientos urgentes. Debe tener una efectividad rápida y efectiva para la vida de los niños, niñas y adolescentes.

– Necesidad de contar con Perspectiva de Infancia según la normativa internacional. Es necesario que se plasmen también en preceptos normativos concretos internos, para garantizar la eficacia y aplicación de los principios.

– La ley, por encima de todo, pretende impulsar la protección de niños, niñas y adolescentes, y es tarea de los poderes públicos la promoción del cuidado y protección de niños, niñas y adolescentes.

– Es necesaria la coordinación y colaboración entre instituciones públicas, para lograr que la voluntad y trabajo lleguen al resultado que busca la ley.

– Es necesario sensibilizar a las instituciones públicas, pero también a la ciudadanía y a los propios niños, niñas y adolescentes, porque pueden comenzar a normalizar consultas que pueden generar daños terribles, sobre todo en delitos cometidos a través de internet.

– Necesidad de contar con agente tutor/a, exigiendo que en las FFCCSS se constituyan unidades especializadas, con recursos y formación, reclamando su reconocimiento específico dentro del proyecto de ley, igual que se reconoce a las Policía Nacional o Guardia Civil.

– El/la agente tutor representa la transformación de los agentes de autoridad de elementos represivos en agentes sociales que procuran lograr la cohesión social que todos y todas anhelamos.

Vamos a construir la sociedad que queremos a través de los poderes públicos que todavía no tenemos pero que conseguiremos tener.

Uno de nuestros objetivos como asociación es analizar los proyectos y normas que puedan afectar de manera directa o indirecta a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como a su protección frente a la violencia.

Hemos elaborado un informe sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. En él, analizamos la normativa propuesta, a fin de valorar la misma y explorar posibles campos de mejora. Todo ello con la intención de colaborar con las distintas instituciones y contribuir a crear una sociedad más igualitaria y segura, donde la protección de la infancia y de la adolescencia sea una realidad y no una mera formalidad plasmada en un papel (puedes consultar el informe AQUÍ)

Os invitamos a inscribiros en el WEBINAR el próximo 14 de octubre de 2020, de 17.30 a 19 horas. En ella personas expertas que participaron en la elaboración del informe nos hablarán sobre los puntos más destacados, las carencias advertidas, analizarán los principales escollos de la normativa en infancia. Y todo ello, siempre, con ánimo constructivo y con el fin de implicar a la ciudadanía y a las instituciones en la construcción de una sociedad más igualitaria, más justa, que realmente proteja los derechos e intereses de niños, niñas y adolescentes. Porque un mundo seguro para ellos y ellas, siempre será un mundo mejor.

A continuación tenéis el PROGRAMA y el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. El Webinar es abierto pero las plazas son limitadas y es necesaria inscripción previa.

PROGRAMA

• Fecha: 14 de octubre de 2020
• Hora: 17:30 – 19:00
• Medio: Zoom
• Ponentes:
  1. Isabel Giménez, jueza Mercantil 3 de Barcelona
  2. Gloria Poyatos Matas, magistrada TSJ Sala Social de Canarias
  3. Maria Lopez de la Usada, jurista
  4. Juan Jesús Alcántara Reifs, Policía Local
  5. Cristina Nadal Gilabert, letrada y coordinadora del PEF Comunitat Valenciana
• Moderadoras:
  1. Carmen Delgado Echevarría, magistrada en servicios especiales en el CGPJ
  2. Lara Esteve Mallent, magistrada Juzgado 3 de Carlet

La jornada tiene las inscripciones completas. Gracias por el interés. Seguiremos organizando actividades

Desde la Asociación de Mujeres Juezas de España consideramos esencial informar, concienciar y sensibilizar a la ciudadanía en general y a las personas que integran la Carrera Judicial en particular sobre la necesidad impostergable de la defensa de los derechos humanos de todas las personas, pero en particular de las mujeres y las niñas, con el objetivo de contribuir a la mejora de su calidad de vida, promoviendo la eficacia efectiva de sus derechos como ciudadanas ante la constatación de una generalizada situación de desigualdad por razones de género, así como ante la existencia de violencia frente a las mujeres y las niñas.

También se encuentra entre nuestros objetivos promover y defender un sistema judicial que asegure el acceso igualitario a la justicia de todas las personas y, en especial a mujeres y niñas el derecho a una justicia imparcial, independiente, objetiva y con las exigencias de un debido proceso.

En este sentido, consideramos fundamental analizar los proyectos que pueden afectar, de manera directa o indirecta, a la tutela y ejercicio de los derechos reconocidos específicamente a los colectivos antes mencionados, y en su caso realizar aportaciones al texto, a fin de que las mismas puedan ser valoradas por los diferentes grupos que integran el poder legislativo.

Dentro de esta función, desde la Asociación de Mujeres Juezas se ha elaborado el presente documento de propuestas de enmienda al Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Esperamos sinceramente que las propuestas formuladas puedan resultar de utilidad y contribuir eficazmente en el proceso de elaboración de una Ley Orgánica que consideramos de extraordinaria relevancia para la vida ordinaria de todas las personas de este país.