Tal y como alerta la ONU, 736 millones de mujeres y niñas en el mundo han sufrido violencia física o sexual. Hablamos de una de cada tres mujeres del planeta. Una cifra que, lejos de disminuir, permanece inalterable desde hace dos décadas y que se agrava en cada conflicto humanitario o guerra, donde el cuerpo de las mujeres continúa siendo utilizado como instrumento de represalia y botín de guerra.
El pasado mes de octubre, esta misma organización publicó su informe “En riesgo y sin financiación suficiente”, en el que advierte que una de cada tres organizaciones feministas ha tenido que suspender o cerrar programas destinados a poner fin a la violencia contra mujeres y niñas o a prevenirla. ONU Mujeres alerta, además, de que la mayoría de las organizaciones dirigidas por mujeres en contextos de crisis sufren recortes severos, y que casi la mitad corre riesgo de desaparecer.
Esto no responde, en la mayoría de los casos, a crisis económicas ni al debilitamiento general de los servicios públicos, sino a decisiones políticas deliberadas orientadas a desmantelar estructuras que han sido cruciales para la protección y la seguridad de las mujeres y para su empoderamiento.
Nuestro país no es ajeno a estas dinámicas. Durante años, España ha sido un referente internacional en la lucha contra la violencia machista y en el desarrollo de políticas integrales para promover la igualdad de género.
Hemos construido un sólido sistema normativo de reconocimiento y protección a las víctimas, haciendo de esta lucha una política de Estado, sostenida al margen de cualquier disputa partidista.
La Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral frente a la Violencia de Género, aprobada hace más de veinte años, contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Lo mismo ocurrió —hasta este año— con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Sin embargo, estos consensos se han quebrado. Hoy asistimos a la aparición de discursos negacionistas que proceden —y esto es lo más alarmante— de responsables públicos, precisamente quienes deberían garantizar la protección de estos recursos que salvan vidas.
Y no son solo discursos. A esta beligerancia pública se suma un sutil pero evidente desmantelamiento de los avances logrados, mediante la eliminación de iniciativas o la desviación de fondos hacia fines abiertamente contrarios a los derechos de las mujeres.
Noticias como el desmantelamiento de los Puntos Violetas en Zaragoza, la creación de un centro público antiabortista en Sevilla, o la Estrategia de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, que propone eliminar los Espacios de Igualdad y con ello toda la acción integral de sensibilización, formación y empoderamiento, reduciendo la intervención pública a la labor asistencial, evidencian una tendencia clara a arrebatar a las mujeres espacios conquistados tras años de acción feminista.
Por ello, la lucha es hoy más necesaria que nunca. Nos enfrentamos a tiempos de contestación y hostilidad hacia las mujeres por parte de estructuras bien financiadas y organizadas, lo que exige de nosotras el mismo ímpetu y la misma valentía que demostraron nuestras madres y abuelas.
Ellas nos trajeron hasta aquí; nosotras honraremos su legado garantizando que nuestras hijas avancen aún más lejos.
El feminismo cuenta con más de dos siglos de experiencia construyendo igualdad, justicia y derechos. No vamos a detenernos. Hemos caminado demasiado como para permitir un solo paso atrás.
Madrid, 25 de noviembre de 2025