Asociación Mujeres Juezas de España

COMUNICADO DE APOYO A CRISTINA FALLARÁS

Desde la Asociación de Mujeres Juezas de España manifestamos nuestro firme apoyo a la periodista y escritora feminista Cristina Fallarás, quien está siendo objeto de una grave campaña de acoso por su labor de visibilización de las violencias machistas, desarrollada desde iniciativas como #Cuéntalo en 2018 hasta #SeAcabó en 2023.

El episodio más reciente, de especial gravedad, ha sido protagonizado por el partido político Vox, que ha lanzado una página web en la que se utiliza la imagen de Cristina Fallarás sin su consentimiento, instando a sus seguidores a denunciarla por un supuesto “delito de odio”, recabar datos personales y captar afiliaciones. Este señalamiento público, realizado por una formación con amplia representación institucional, constituye una represalia desde una posición de poder contra el ejercicio legítimo de su libertad de expresión y opinión.

Este tipo de actuaciones no solo pretenden acallar una voz crítica y feminista, sino que tienen la virtualidad de afectar profundamente a su vida personal, familiar y profesional. Nos encontramos ante una forma de violencia política de género, reconocida en instrumentos como la Estrategia Estatal para Combatir las Violencias Machistas 2022-2025, que define esta violencia como aquella ejercida mediante acciones hostiles, intimidatorias o de descrédito, con el fin de disuadir a las mujeres de participar en la vida pública.

Las mujeres periodistas enfrentan violencias específicas como el acoso, las amenazas y la violencia digital, que generan autocensura, silenciamiento y limitan el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de información, expresión y opinión, pilares esenciales de cualquier sistema democrático.

Por todo ello, desde la Asociación de Mujeres Juezas de España:

● Condenamos rotundamente las campañas de deslegitimación y hostigamiento contra Cristina Fallarás.

● Reivindicamos el valor de su trabajo en la denuncia de las violencias machistas.

● Exigimos una respuesta institucional firme y proporcional a la gravedad de los hechos denunciados.No podemos permitir que se silencien las voces que luchan por la igualdad y la justicia.