Tras conocer el Acuerdo adoptado por mayoría del Pleno del Consejo General del Poder Judicial denominado “La salud de los jueces, juezas, magistrados y magistradas como requisito previo esencial para la independencia judicial y la actuación del CGPJ en este ámbito” la Asociación de Mujeres Juezas de España suscribe plenamente el comunicado emitido por las cuatros asociaciones judiciales de nuestro país, al entender que su aprobación supone un retroceso de décadas en los avances reconocidos en materia de prevención y salud laboral, extirpa a la carrera judicial derechos básicos ampliamente reconocidos y ataca frontalmente la jurisprudencia de la Sala IV del Tribunal Supremo.
Junto a ello es necesario resaltar el enorme impacto de género que la regulación que se pretende implantar tiene sobre las juezas y magistradas a quienes los riesgos psicosociales, las cargas de trabajo y las necesidades de conciliación afectan de manera muy especial y diferenciada por múltiples causas:
– El informe de riesgos psicosociales elaborado por el propio CGPJ en 2018, que puso en evidencia que el género, al igual que la edad, constituye un factor riesgo en materia de salud laboral, siendo mayor el porcentaje de mujeres juezas que se situaban dentro del riesgo “muy elevado” (un 87%)
– La doble presencia de las mujeres en el entorno profesional, además del familiar y de cuidados, donde siguen asumiendo la mayor parte de las responsabilidades familiares y domésticas, a la vez que hacen frente a las mismas o superiores cargas de trabajo que sus compañeros varones
– El grueso de la carrera judicial femenina (74%) se sitúa en plazas de tribunales de instancia donde se concentran las mayores tasas de congestión y pendencia, así como guardias, asuntos urgentes y de especial complejidad. Por el contrario, las plazas gubernativas y de representación, con menor penosidad, siguen siendo mayoritariamente masculinas
– Existencia de circunstancias específicas de las que deriva un riesgo biológico de la salud de las juezas y magistradas que debe ser objeto de especial protección, como es el embarazo y la lactancia.
– Mayor incidencia entre las juezas y magistradas de situaciones de acoso a las que hace referencia el Protocolo de actuación frente al acoso sexual, al acoso por razón de sexo, al acoso discriminatorio y frente a todas las formas de acoso y violencia en la carrera judicial.
Toda la labor preventiva y de protección que debe desplegarse ante estas situaciones y que se ancla en la normativa de protección de riesgos laborales ha quedado eliminada en los 12 artículos de la regulación proyectada, donde el CGPJ no asume ni una sola obligación concreta en materia de salud laboral, sino meras facultades dispositivas y generales vacías de contenido.
Con ello se enfrenta de forma palmaria a la jurisprudencia fijada por el Tribunal Supremo y parece ignorar las múltiples condenas que, como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos, se han dictado en los últimos años ante reclamaciones de integrantes de la carrera judicial.
Desde AMJE instamos a que la modificación aprobada, que lo ha sido además sin recabar informe de la Comisión de Igualdad ni de las Asociaciones Judiciales y oponiéndose frontalmente al propio Plan de Igualdad de la institución, sea retirada y no se integre en el proyecto de reglamento de carrera judicial, haciendo un llamamiento a los y las vocales que han votado mayoritariamente este acuerdo para que reconsideren su posición y no provoquen este gran retroceso en la construcción de un sistema básico, equilibrado y justo de derechos y obligaciones.
En Madrid a 27 de marzo de 2026