Derecho de familia y estado de alarma

Derecho de familia

1º) ¿Puedo separarme, divorciarme o romper con mi pareja de hecho durante el Estado de Alarma?

Sí, pero hay que tener en cuenta que la actividad ordinaria de los juzgados de familia está suspendida durante el estado de alarma. Si tenéis hijos e hijas y no llegáis a un acuerdo, las medidas urgentes que afectan a menores sí se están resolviendo.

Sí, pero hay que tener en cuenta que tanto la iniciación como la tramitación de los procesos de separación, divorcio o ruptura de pareja de hecho se encuentran suspendidos como consecuencia de las medidas derivadas del Estado de Alarma, y no se reanudarán mientras se mantenga éste. La suspensión de actuaciones también está afectando a las denominadas medidas provisionales previas o coetáneas a la demanda de separación, divorcio o ruptura de pareja de hecho, si bien esta clase de medidas tendrán carácter prioritario en el momento en que comiencen a levantarse las medidas que conlleva el Estado de Alarma.

Los únicos procedimientos que en la actualidad continúan tramitando y resolviendo los Jugados de Familia, porque tienen la consideración de “esenciales e inaplazables”, son los expedientes de jurisdicción voluntaria encaminados a la adopción urgente de las medidas recogidas en el artículo 158 del Código Civil, cuando sean imprescindibles para apartar a un menor de un peligro o evitarle perjuicios graves y su adopción resulte inaplazable. Corresponde en cada caso al Juez o la Jueza valorar si concurren los requisitos de urgencia y gravedad a efectos de admitir a trámite la solicitud de adopción de esta clase de medidas.

Las medidas que recoge el artículo 158 del Código Civil son aquéllas que resulten imprescindibles e inaplazables para: 1) asegurar la prestación de alimentos a los hijos e hijas; 2) evitar perturbaciones dañosas en los casos de cambio de titular de la potestad de guarda; 3) evitar la sustracción de los hijos e hijas menores por alguno de los progenitores o terceras personas; 4) prohibición de aproximación al menor o los menores por partes de alguno (o ambos) de sus progenitores, parientes o terceras personas; 5) prohibición de comunicación con el menor de alguno (o ambos) de sus progenitores, parientes o terceras personas.

Para estos expedientes de jurisdicción voluntaria no es necesaria la asistencia de Abogado y Procurador.

2º) ¿Cómo afecta el Estado de Alarma a las visitas y estancias de hijos e hijas menores de edad?

Las visitas/estancias de niños y niñas continuarán en vigor, tratando de interrumpir las visitas intersemanales, y llegar a acuerdos con tu ex pareja. En caso de duda o urgencia, puedes contactar con el juzgado, directamente o a través de tu abogado/a.

Como regla general y salvo que concurran circunstancias especiales, deben cumplirse las resoluciones judiciales; si bien, debe ponderarse cada situación en particular, haciendo un llamamiento al acuerdo entre los progenitores y a la comunicación que facilite la estancia en confinamiento de los menores, debiendo resolver sus controversias a través del diálogo y  la mediación.

Desde el Consejo General del Poder Judicial se han emitido las siguientes recomendaciones en esta materia:

A falta del deseable acuerdo entre los progenitores, debe darse cumplimiento a los regímenes de custodia, visitas y estancias fijados por sentencia o convenio regulador con la flexibilidad y adaptabilidad que la situación exige y con las siguientes matizaciones:

1º) Se recomienda la interrupción de las visitas intersemanales con o sin pernocta, tanto en régimen de custodia individual como en régimen de custodia compartida, para evitar excesivos desplazamientos de los menores, con la obligación del progenitor con quien en cada momento estén los hijos/as de promover el contacto diario con el otro progenitor por medios telemáticos.

2º) La suspensión de las visitas de fines de semana o las modificaciones en los tiempos de estancia de la custodia compartida, a falta de acuerdo entre los progenitores, deben ser autorizadas judicialmente en cada caso, atendiendo a las circunstancias concurrentes, en particular a las circunstancias concretas de salud y conciliación con la vida laboral de los dos progenitores, y priorizando en todo caso la salvaguarda de la salud y el bienestar de los/as hijos/as afectado/as.

3º) Se estima que el cauce más adecuado para la tramitación de este tipo de autorizaciones es el regulado por el artículo 158 del Código Civil, dada la naturaleza excepcional y urgente de las circunstancias que justifican la intervención judicial.

4º) En caso de que las entregas y recogidas de los/as menores deban llevarse a cabo con arreglo a la resolución judicial a través de servicios o recursos públicos (Puntos de Encuentro Familiar y recursos equivalentes) que no estén prestando funciones como consecuencia de la declaración del estado de alarma, se entenderán suspendidos dichos intercambios hasta que vuelva a prestarse el servicio (no obstante, podrás ponerte en contacto con el PEF asignado para resolver las dudas específicas que tengas sobre el cumplimiento o la comunicación entre progenitor-menores)

5º) El traslado de los/as menores al domicilio del otro progenitor para cumplimiento del régimen de visitas, estancias y custodia fijado por resolución judicial o convenio aprobado judicialmente tendrá la consideración de “causa justificada” a los efectos del artículo 7, letra h) del RD 463/20.

6º) Debe considerarse que existe en todo caso una obligación reforzada de los progenitores de informar regularmente al otro progenitor acerca del estado de salud de los hijos/as, y de comunicarse entre sí de forma inmediata cualquier incidencia sanitaria que afecte a su propia salud o a la de los hijos/as comunes.

7º) En caso de que exista prohibición de comunicación entre los progenitores impuesta como medida cautelar o como pena, las comunicaciones deberán realizarse a través de sus respectivos abogados o de terceras personas que ellos designen.

Partiendo de estas recomendaciones, cada Junta de jueces de familia de cada partido judicial ha acordado unas medidas que suelen coincidir sustancialmente con ellas. Ahora bien, dado que no todas las Juntas de Jueces han alcanzado los mismos acuerdos, se recomienda en todo caso consultar con la Letrada o el Letrado acerca del modo de proceder en esta materia, o, caso de no contar con Letrada/o en este momento, consultar el acuerdo de la Junta de Jueces correspondiente.

En todo caso, se reitera que deben primar los acuerdos entre los progenitores, y el sentido común dependiendo de las circunstancias de cada familia relativas a actividad profesional de los progenitores, posibilidades de conciliación y nivel de exposición a la COVID 19, desplazamientos y distancia entre domicilios, convivencia con familiares situados en grupo de riesgo, etc…

3º)  Y ¿cómo van a trasladarse los menores de una casa a otra si no se puede salir de casa?

Llevar los hijos e hijas a casa del otro progenitor para cumplir con las visitas o custodia es “causa justificada” y no te pueden multar por ello. Lleva encima una copia de la sentencia o el convenio regulador cuando hagas estos trayectos.

4º)  ¿Qué sucede en caso de incumplimiento de lo dispuesto por la sentencia en materia de custodia y visitas con ocasión de la declaración del Estado de Alarma?

Puedes interponer demanda en el Juzgado, aunque se tramitará después del estado de alarma. Cuando se restablezca la actividad judicial, el incumplimiento injustificado tendrá consecuencias negativas.

stos incumplimientos podrán dar lugar a la correspondiente demanda de ejecución de sentencia, en que se denuncie el incumplimiento y se pida que se dé adecuado cumplimiento a lo ordenado en sentencia. Esta demanda debe interponerse ante el mismo Juzgado que dictó la sentencia que fija el régimen de custodia o las visitas, y para interponerla es necesario contar con Abogado y Procurador.

De acuerdo con la Instrucción emitida por el Consejo General del Poder Judicial el 13 de marzo de 2020, por la que se acuerda la suspensión general de las actuaciones judiciales con excepción de determinadas actuaciones consideradas “esenciales” e “inaplazables”, la tramitación de los procesos de ejecución de familia no tiene tal consideración y por lo tanto las ejecuciones que estaban pendientes en ese momento y las nuevas demandas de ejecución que vayan entrando en los Juzgados de Familia quedarán en suspenso mientras se mantenga el Estado de Alarma, y no se resolverán hasta un momento posterior.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que algunas Juntas de Jueces han contemplado ya la posibilidad de que los periodos de tiempo que un progenitor no haya podido disfrutar con sus hijos e hijas como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma sean compensados con otros periodos de tiempo al término del mismo.

Del mismo modo, el incumplimiento injustificado del régimen de estancias, visitas o comunicaciones podrá dar lugar a la imposición de multas coercitivas mensuales (artículo 776 LEC), e incluso a la modificación del régimen de guarda y visitas. El Tribunal deberá valorar en cada caso la conducta y razones del progenitor incumplidor a efectos de determinar si dicho incumplimiento fue o no justificado, si debe llevar aparejada alguna consecuencia y cuál ha de ser dicha consecuencia. Para esta decisión es evidente que será determinante la actitud que hayan mantenido los progenitores durante el periodo en que estén vigentes las medidas del Estado de Alarma.

5º) ¿Cómo actuar en caso de enfermedad de alguno de los miembros de la familia? ¿Y si es alguno de los hijos o hijas el que presenta síntomas claros de contagio o da positivo a la COVID 19?

En estos casos hay que analizar cada situación. Podría ser motivo para que la guarda y custodia pase de un progenitor al otro. Si el/la menor se pone enfermo/a, habrá que estar a la solución más beneficiosa para el/la menor y otras personas de riesgo que puedan convivir en el mismo domicilio.

En caso de duda, contacta con el juzgado de familia o tu abogada/o.

Ante todo habrán de primar los acuerdos a que lleguen los progenitores en atención a las circunstancias concretas de cada grupo familiar (condiciones específicas de salud de cada uno de los progenitores y de cada uno de los/as hijos/as y factores específicos de riesgo, convivencia de alguno de los progenitores con personas de edad avanzada o con patologías que les sitúen dentro de algún grupo de riesgo, condiciones específicas de la vivienda de cada progenitor que hagan posible o inviable el aislamiento domiciliario de la persona enferma, etc…).

Partiendo de esta idea esencial, y tomando en consideración el principio básico de protección del interés y la salud de los menores, podría recomendarse con carácter general que si alguno de los progenitores tiene síntomas de contagio o ha resultado positivo a la COVID 19, la guarda y custodia de los hijos e hijas menores pase automáticamente al otro progenitor, debiendo entenderse que en este caso concurre causa de fuerza mayor que suspende provisionalmente las medidas acordadas en resolución judicial.

En caso de que sea alguno/a de los/as hijos/as quien presente síntomas de contagio o dé resultado positivo a la COVID 19, en cumplimiento de las recomendaciones relativas a aislamiento de personas contagiadas, sería recomendable que el/la contagiado/a permaneciera aislado/a en el domicilio en que se encontraba cuando desarrolló los síntomas hasta cumplir el periodo de cuarentena recomendado por las autoridades sanitarias, si ello fuera posible. Del mismo modo, parece razonable recomendar que si hay más de un/a hijo/a, aquél o aquéllos/as que no presenten síntomas de contagio pasen a residir con el otro progenitor hasta que termine el aislamiento del contagiado/a y pueda reanudarse el cumplimiento normal de las medidas impuestas en la sentencia.

Si alguno de los progenitores observara una conducta que de forma clara pone en riesgo la salud de los hijos e hijas (p. ej. exigiendo que los hijos/as vayan con él pese a mostrar signos claros de contagio o negándose a que vayan con el otro progenitor pase a mostrar tales signos externos) el otro progenitor podría solicitar la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud de los hijos e hijas al amparo del artículo 158 del Código Civil y a través de un expediente de jurisdicción voluntaria. Estos expedientes sí tienen la condición de “esenciales” e “inaplazables” y por tanto su tramitación no queda suspendida durante el Estado de Alarma. 

Estas solicitudes deben presentarse ante el mismo Juzgado que dictase la sentencia de separación, divorcio o ruptura de pareja de hecho, y para la presentación y tramitación no es necesario contar con Abogado y Procurador.

Condición para la admisión de la solicitud y tramitación del expediente es que se trate de medidas urgentes, esto es, que no pueda aplazarse su decisión sin causar un perjuicio grave a los menores afectados. Será el Juez o la Jueza en cada caso quien decida, atendidas las circunstancias, si concurren estos requisitos a efectos de admitir a trámite el expediente por esta vía excepcional y urgente.

6º) ¿Qué sucede si no puedo hacerme cargo del cuidado de mis hijos/as por razón de mi actividad laboral “esencial” y excepcional?

En estos casos existen medidas de conciliación laboral que os explicamos en la web. Si aun así no es suficiente y no llegas a un acuerdo con tu ex pareja, puedes solicitar medidas urgentes en el juzgado de familia.

Si alguno de los progenitores no puede hacerse cargo del cuidado ordinario de los hijos e hijas durante los periodos que le correspondería por motivo de la actividad laboral que ha de desempeñar necesariamente durante este periodo excepcional (p.ej. profesionales sanitarios), deberán hacerse los ajustes necesarios para proveer al adecuado cuidado de los hijos e hijas durante dicho periodo.

A falta de acuerdo entre los progenitores, estos ajustes podrán reclamarse judicialmente por la vía del artículo 158 del Código Civil y a través de un expediente de jurisdicción voluntaria. Los expedientes encaminados a la aplicación de las medidas del artículo 158 del Código Civil tienen la condición de “esenciales” a los efectos de la Instrucción emitida por el Consejo General del Poder Judicial, lo que significa que su tramitación no se suspende durante el Estado de Alarma.

Estas solicitudes deben presentarse ante el mismo Juzgado que dictase la sentencia de separación, divorcio o ruptura de pareja de hecho, y para la presentación y tramitación no es necesario contar con Abogado y Procurador.

Condición para la admisión de la solicitud y tramitación del expediente es que se trate de medidas urgentes, esto es, que no pueda aplazarse su decisión sin causar un perjuicio grave a los menores afectados. Será el Juez o la Jueza en cada caso quien decida, atendidas las circunstancias, si concurren estos requisitos a efectos de admitir a trámite el expediente por esta vía excepcional y urgente.

7º) ¿Puede dejar de abonarse o reducirse la pensión de alimentos durante el Estado de Alarma?

Salvo que los progenitores lleguéis a algún acuerdo puntual durante este periodo excepcional, la respuesta general a esta pregunta es que NO. El estado de alarma no es motivo para dejar de pagar la pensión de alimentos.

En particular no cabe reducir la pensión de alimentos:

  1. Porque los hijos/as hayan pasado más tiempo del habitual con el progenitor no custodio (en casos de custodia individual) o con uno de los progenitores en particular (en caso de custodia compartida).
  2. Porque los gastos de los hijos (comedor escolar, ruta, etc…) se hayan reducido como consecuencia del confinamiento.
  3. Porque los ingresos del progenitor obligado al pago se hayan visto disminuidos por las repercusiones económicas de la crisis sanitaria.

Durante el Estado de Alarma se mantienen todas las medidas económicas acordadas en las sentencias y convenios reguladores, sin perjuicio de los acuerdos puntuales a que puedan llegar las partes en atención a las circunstancias concurrentes, y sin perjuicio de los ajustes que pueda ser necesario realizar más adelante en atención a las consecuencias económicas que la crisis sanitaria haya tenido para el grupo familiar en su conjunto.

8º) Mis ingresos se han visto seriamente reducidos como consecuencia de la crisis de la COVID 19. ¿Cómo se han de adaptar las medidas recogidas en Sentencia o el convenio regular a esta situación?

Será necesario acudir al Juzgado para ajustar las medidas a la situación económica real de cada progenitor.

En este momento se está diseñando por el Consejo General del Poder Judicial, con la participación de las Asociaciones Judiciales, del Ministerio de Justicia, del Consejo General de la Abogacía Española y del Consejo General de Procuradores de España un plan de choque para hacer frente a las consecuencias de la crisis COVID 19 en el ámbito Justicia, siendo previsible que se arbitren mecanismos específicos para dar una adecuada y rápida respuesta judicial a las consecuencias de todo orden, pero señaladamente económicas, derivadas de la crisis sanitaria.

Sin perjuicio de las medidas específicas que puedan llegar a adoptarse para dar respuesta ágil y adecuada a los procedimientos de derecho de familia, consideramos que deben distinguirse dos supuestos básicos:

  1. Consecuencias económicas derivadas de la crisis COVID 19 de carácter estable y permanente: Se trataría de aquellos casos en que por la pérdida definitiva de empleo, la quiebra o cierre empresarial, o hecho equivalente derivados de la crisis se haya modificado la posición económica de uno de los progenitores o de ambos de manera sustancial y con vocación de permanencia en el tiempo. Estas modificaciones sustanciales, estables y duraderas sólo podrán hacerse valer a través del procedimiento declarativo de modificación de medidas definitivas, encontrándose en estudio diversas medidas para su agilización procesal.
  2. Consecuencias económicas derivadas de la crisis COVID 19 de naturaleza temporal o provisional (ERTES): No parece que el procedimiento declarativo de modificación de medidas sea el indicado para estos supuestos dado que no se cumple uno de los requisitos básicos para la procedencia de la modificación (durabilidad del cambio de circunstancias), y dado que es previsible que para el momento en que termine el proceso y se dicte sentencia firme los efectos temporales de la crisis se hayan revertido, privando de sentido a lo tramitado o resuelto. Para estos casos parece que el cauce para llevar a cabo la adaptación temporal a falta de acuerdo entre las partes, sería el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre que llegara a producirse incumplimiento de las medidas económicas por imposibilidad de cumplir derivada de la nueva situación. Se está planteando también la posibilidad de llevar los ajustes temporales de las medidas por la vía del expediente de jurisdicción voluntaria regulado en el artículo 87 de la Ley 17/2015, que podría resultar adecuado para estos fines dada su naturaleza declarativa, urgente y ágil en su tramitación.

9º) ¿Qué puedo hacer si la persona obligada al pago de la pensión de alimentos deja de abonarla?

En este caso se puede reclamar el pago en un procedimiento civil, y además se puede denunciar por la vía penal, si ha impagado dos meses seguidos o cuatro meses en total.

Aunque estos procedimientos ordinarios están suspendidos durante el estado de alarma, si por el impago tus hijos quedan en una situación económica urgente y grave puedes pedir medidas cautelares en el juzgado de familia.

En caso de que la persona obligada a pagar la pensión de alimentos deje de abonarla, se puede reclamar el pago en el correspondiente procedimiento civil, y además se puede denunciar por la vía penal, siempre que el obligado haya dejado de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos.

La reclamación civil tiene que hacerse ante el mismo Juzgado que dictó la sentencia que establece la pensión, a través de un procedimiento de ejecución de sentencia, que debe iniciarse mediante un escrito (demanda) en que se habrán de indicar las cantidades impagadas y se reclamará que se imponga el pago al obligado a hacerlo por la vía de apremio (requerimiento formal, embargo y realización de bienes e imposición de multas coercitivas). Para la presentación de la demanda de ejecución es necesario contar con Abogado y Procurador. Si no se tienen medios económicos para pagar a estos profesionales, es posible solicitar ante el Colegio de Abogados de la provincia correspondiente la concesión del beneficio de justicia gratuita.

Cuando la falta de pago de alimentos coloque a los menores beneficiarios de la pensión en una situación de necesidad urgente y grave, podrá reclamarse la adopción de las medidas convenientes para asegurar su prestación por la vía del artículo 158 del Código Civil, a través de un expediente de jurisdicción voluntaria cuya tramitación no queda suspendida a pesar de la declaración del Estado de Alarma. Se reitera que sólo se admite la tramitación por esta vía de los casos más graves y urgentes, correspondiendo al Juez o la Jueza en cada caso valorar si se cumplen estos requisitos de gravedad y urgencia a efectos de admitir a trámite la petición. Para la presentación y tramitación de estos expedientes urgentes no es necesario contar con Abogado y Procurador.

La denuncia penal por impago de pensiones puede hacerse ante un Juzgado de Guardia, o ante cualquier Comisaría de Policía Nacional o Policía Local o cuartel de la Guardia Civil. No es necesario contar con Abogado y Procurador para formular la denuncia. El objeto principal de esta denuncia es lograr la condena penal de la persona que ha dejado de pagar teniendo obligación de hacerlo. La pena fijada por el Código Penal para este delito es la de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses. En el proceso penal puede también reclamarse el pago de lo que se debe en concepto de pensiones.

Para más información sobre ayudas administrativas derivadas de impago de pensiones alimenticias consultar la siguiente página web:

http://tramites.administracion.gob.es/comunidad/tramites/recurso/anticipos-por-impago-de-pensiones-alimenticias/29f47f18-34e9-4e2f-9875-ac379106aa98

10º) Y ¿Qué ocurre si la necesidad de separarme de hecho de mi esposo o pareja deriva de la comisión por su parte de algún acto de violencia sobre la mujer?

Si has sufrido violencia familiar te aconsejamos que salgas del domicilio con tus hijos/as y solicites ayuda. Una vez en comisaría o cuando vayas al juzgado, puedes solicitar una orden de protección. Esta orden puede incluir, además de un alejamiento, medidas de guarda y custodia para vuestros hijos/as menores de edad, y se tramitará durante estado de alarma ya que es un servicio esencial de la administración de justicia.

La orden de protección incluye medidas de protección penal, que generalmente consisten en la imposición al autor de la violencia de una orden de alejamiento y/o no comunicación con la víctima, y medidas de naturaleza civil relativas a la guarda y custodia sobre los hijos e hijas menores de edad, régimen de visitas y estancias con los progenitores, uso de la vivienda familiar y alimentos para los hijos e hijas menores de edad.

La solicitud de orden de protección debe formularse siempre en el marco del proceso penal, bien ante la autoridad policial ante la que se formule la denuncia por violencia de género, bien ante el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer o Juzgado de Guardia que conozca de los hechos.

La tramitación de las órdenes de protección solicitadas por violencia de género no está suspendida por la declaración del Estado de Alarma, de suerte que toda solicitud de esta naturaleza debe ser remitida inmediatamente al Juzgado de Violencia Sobre la Mujer o Juzgado de Guardia, y debe ser resuelta por el Juzgado con urgencia (en un plazo de 72 horas).

Para la concesión de una orden de protección es necesario que existan: 1) indicios fundados de la comisión de un delito de violencia sobre la mujer (homicidio intentado, lesiones, malos tratos físicos sin lesión, delito contra la libertad sexual, amenazas, coacciones, etc…); y 2) una situación objetiva de riesgo para la víctima que haga necesaria la adopción de medidas de protección penal (prisión preventiva o medidas de alejamiento y prohibición de comunicación). Corresponde al Juez o la Jueza en cada caso determinar si concurren las condiciones necesarias para la adopción de la orden de protección solicitada. 

En todos los procedimientos seguidos por violencia sobre la mujer se designa Abogado/a de oficio a la víctima, cuyos honorarios quedan cubiertos por el beneficio de justicia gratuita. La víctima puede renunciar a esta asistencia letrada.

11) Estoy separada y ahora los/as niños/as están con el otro/a progenitor/a, pero sospecho que los niños/as están siendo víctimas de actos de violencia familiar. ¿Qué puedo hacer?

Puedes acudir por la vía civil al juzgado de familia y pedir medidas urgentes de protección. También cabe denunciar penalmente los hechos y solicitar una orden de protección para tus hijos.

  1. Por la vía civil: Si la situación es urgente y grave, se puede pedir la adopción de medidas urgentes de protección de menores por la vía del artículo 158 del Código Civil, a través de un expediente de jurisdicción voluntaria que debe iniciarse ante el mismo Juzgado civil que haya dictado la sentencia de separación, divorcio o ruptura de pareja. La tramitación de estos expedientes no ha quedado suspendida por la declaración del Estado de Alarma, pero corresponde en cada caso al Juez o la Jueza decidir si se cumplen los requisitos de urgencia y gravedad que requiere la admisión a trámite de estos expedientes.
  2. Por la vía penal: Cabe denunciar penalmente los hechos de violencia sobre los/as menores de los que se tenga constancia, y solicitar, en el momento mismo de presentación de la denuncia la adopción de una orden de protección de los hijos o hijas que se hayan visto sometidos a los actos de violencia. La orden de protección puede pedirse ante la misma autoridad policial o judicial ante la que se formule la denuncia y debe resolverse por el Juzgado de Guardia en un plazo de 72 horas. Esta orden de protección podrá incluir alguna/s de las medidas siguientes: 1) suspensión de la patria potestad, con posible fijación de un régimen de visitas o comunicaciones; 2) suspensión de la tutela, curatela, guarda o acogimiento; 3) establecimiento de un régimen de supervisión del ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento; 4) modificación o suspensión del régimen de visitas o comunicaciones que estuviera vigente.

Nacimientos y Registro Civil

He sido madre durante el estado de alarma. ¿Puedo ir al Registro Civil para practicar la inscripción del naciimento?

¡Felicidades por el nacimiento! Las inscripciones de nacimiento son esenciales para poder tramitar y percibir las prestaciones asociadas al nacimiento de hijo/a y para la obtención de tarjeta sanitaria. Si necesitas acudir personalmente al Registro Civil para la inscripción, no hay problema ya que los Registros continúan abiertos para estos trámites.

Además, en el Registro Civil deberán facilitarte un certificado del nacimiento/libro de familia.  Sin embargo, en este momento hay algunos Registros Civiles que no están dando esta documentación. Si no obtienes una certificación, solicita una copia simple, que te servirá para realizar los trámites que necesites (sin perjuicio de presentar el libro de familia una vez pase el estado de alarma).

Las inscripciones de nacimientos en el Registro Civil que se encuentran dentro del plazo perentorio de 30 días naturales desde el nacimiento no están afectadas por la declaración del estado de alarma como consecuencia de la emergencia sanitaria del COVID-19 y, por tanto, deberán seguirse practicando.

La inscripción de los nacimientos es una de las actuaciones que no quedan suspendidas ni por el Real Decreto 463/2020 de declaración del estado de alarma ni por el acuerdo adoptado el pasado 13 de marzo por el CGPJ, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, que expresamente señala que el Registro Civil deberá asegurar “las inscripciones de nacimiento en plazo perentorio”.

Sin embargo, los expedientes de inscripción que están fuera de plazo deben entenderse suspendidos.

Así se recoge en acuerdo de 20 de marzo de 2020 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.