COMUNICADO SOBRE DENUNCIAS EN JUZGADOS DE VIOLENCIA DOMESTICA

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La Asociación de Mujeres Juezas de España tiene como objetivo fundamental colaborar en la construcción de una Justicia real y efectiva que permita eliminar cualquier tipo de discriminación, especialmente por razón de género. Como consecuencia del anuncio público de presentación de quejas por el trato institucional percibido por las víctimas de violencia de género manifestamos que:

 

1.- El pasado 25 de noviembre de 2017 propusimos 16 medidas contra la violencia de género entre las que destacamos por su relevante conexión con el propósito de mejora de nuestra Administración de Justicia y la Respuesta Institucional en materia de violencia de género las siguientes:

 

5º- Abordar  una reforma del Código Penal  y de la normativa procesal que, en consonancia con el  Convenio de Estambul, de un tratamiento específico a los delitos en cuya comisión se aprecia una claro origen machista fundado en la cosificación y discriminación de la mujer y ello tanto en el ámbito de la pareja como fuera de ella. 

6º-Reforma del Estatuto de la Víctima con el fin de que se reconozca la consideración como tal y se extienda la totalidad de su régimen jurídico a los y las menores descendientes de aquellas mujeres que hayan sido víctimas de algún tipo de violencia machista. 

7º-Abordar las reformas procesales necesarias en relación a la actual regulación de la dispensa de declarar en los casos de víctimas de delito así como nuestra legislación penal en relación con las atenuantes de confesión y reparación.

8º-Modificación de la LOPJ y de la Ley de Demarcación y Planta con el fin incrementar el número de Juzgados Exclusivos en materia de Violencia contra la Mujer cuya competencia deberá extenderse a todos los delitos machistas y no sólo los cometidos en el ámbito de la pareja, garantizando y condicionando esta competencia, en todo caso, a que la carga de trabajo que asuman permita un tratamiento individualizado y profundo de cada caso.

9º-Ofrecer en casos de violencia de género no denunciada medios de protección, información de calidad y soporte asistencial digno y coherente con la situación de la mujer, no haciendo de la denuncia la única vía posible  de acceso a información, asistencia y ayudas.  

10º- Para los casos judicializados, reclamamos más medios materiales y personales, así como una organización judicial racional y adaptada a las cargas de trabajo.

11º-Efectivos policiales especializados y disponibles 24 horas, los 365 días del año para atender casos de violencia machista en la totalidad del territorio nacional.

 

12º-La constitución y rápida implantación de equipos multidisciplinares con formación específica integrados por profesionales de la abogacía, fiscalía, medicina y psicología forense, judicatura, policía  y letrados/as de la administración de Justicia  que orienten, coordinen y aseguren la correcta respuesta en casos de criminalidad machista durante todas las fases del proceso.

 13º- Instauración de equipos de acompañamiento integral a la víctima constituidos  por profesionales especializados e integrados dentro de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas

14º- Mejora del sistema de seguimiento integral de casos de violencia de género y detección policial del riesgo  (Viogen) incorporando también la valoración del agresor y la situación de  las/os hijas/os, no limitándose sólo a los riesgos de agresión física.

15º-Aumento de los recursos sociales para poder derivar a las mujeres  y a sus hijas e hijos  incrementando el número de casas de acogida, pisos tutelados  y  puntos de encuentro familiar.  Recuperar las competencias y dotar económicamente de forma suficiente a las entidades locales en materia de asistencia a las víctimas  con el fin de que puedan ponerse en marcha recursos suficientemente dotados y accesibles para ellas

16º-Formación obligatoria y especializada en género para franquear  los prejuicios y estereotipos, de todos los estamentos de la justicia, fiscalía, judicatura, forensía, abogacía y personal al servicio de la administración de justicia  para integrar realmente la igualdad y promover una  justicia con perspectiva de género como principio transversal que cruza todo nuestro sistema de justicia.

 

ASI SE ESCULPE EL TECHO DE CRISTAL DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA

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A propósito de la próxima cobertura de 4 plazas en el Tribunal Supremo en las Salas II, III y IV.

Próximamente serán cubiertas, por decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 4 vacantes en el Tribunal Supremo: una plaza en la Sala de lo Contencioso administrativa, otra en la Sala de lo Social y la tercera en la Sala de lo Penal.

Para las tres Salas hay candidatas muy sólidas.

– 7 magistradas se postulan para la Sala Penal.

– 4 magistradas para la Sala Contencioso- Administrativa.

– Y 4 magistradas para la Sala Social.

Muchas de estas candidatas cuentan con méritos curriculares, antigüedad en la carrera judicial, y experiencia en el orden jurisdiccional respectivo más que suficientes para acceder justificadamente a estas plazas. Los favoritos, sin embargo, al menos para las Salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo parecen ser dos varones.

La representación femenina en todas estas Salas se encuentra muy por debajo de los estándares marcados por nuestra legislación (que fija un porcentaje mínimo de representación de cada sexo en todo tipo de altos cargos del 40%). Así, sólo una mujer forma parte de la Sala de lo Penal frente a 13 hombres (7,1% de representación femenina), 4 mujeres están actualmente integradas en la Sala Contencioso-Administrativo frente a 31 hombres (11,4% de representación), y otras 4 mujeres forman parte de la Sala de lo Social frente a 8 hombres (33,3% de representación femenina).

La notable desigualdad actualmente imperante en el Tribunal Supremo traslada a la ciudadanía una imagen y un mensaje que en absoluto se corresponden con la real estructura y composición de la Judicatura en su conjunto (integrada por mujeres en un 52,7% de acuerdo con el último informe sobre estructura demográfica de la Carrera), y ha sido objeto de atención y denuncia por parte de Naciones Unidas, que en su último informe relativo a la cuestión de la discriminación contra la mujer en España – emitido el 17 de junio de 2015 – destacaba que “el número real de mujeres en los niveles más altos de la judicatura sigue siendo sumamente bajo” y específicamente recomendaba al Estado español que “aplique medidas especiales de carácter temporal para lograr un equilibrio de género en los niveles más altos de la Judicatura”. Parece evidente que el único modo de cumplir con esta recomendación, y superar una situación manifiestamente contraria a toda la normativa estatal y europea, consiste en cubrir las vacantes que se vayan produciendo en el órgano supremo de nuestro sistema judicial con candidatas femeninas.

Ahora bien, parece que el CGPJ, muy en contra de estas razones estrictamente lógicas, justificadas y ajustadas a la legalidad, va a continuar manteniendo su tradicional proceder a la hora de efectuar nombramientos discrecionales, un proceder en el que pesan más los intereses creados en las masculinizadas redes informales de poder, que la capacidad jurídica y profesional de quienes optan a un cargo. Se sigue asentando, en suma, un sistema que premia el arribismo y la ambición personal y da la espalda al valor del trabajo bien hecho, y con él a muchas mujeres.

Buena muestra de ello es que el número de magistradas en este Alto Tribunal, que actualmente es de 11 mujeres de un total de 77 integrantes, haya permanecido inmutable desde el año 2010 a pesar de todas las renovaciones producidas en los últimos ocho años, patrón que se reproduce en otros altos puestos judiciales: de 17 presidencias de Tribunales Superiores de Justicia, sólo 1 tiene nombre de mujer, y de las 50 presidencias de Audiencias Provinciales solo 8 son femeninas.

Ello es una anomalía que redunda en la calidad de la justicia porque no representa la mirada completa de una sociedad formada por mujeres y hombres, y se agrava si tenemos en cuenta el gran impacto social de las resoluciones del Tribunal Supremo, vinculantes para los jueces y juezas de nuestro país y que se está construyendo a espaldas de las experiencias femeninas que son más de la mitad de la población.

Es urgente, pues, lograr una Justicia Igualitaria, no sólo exógena sino también endógena, para garantizar la integración de la diversidad social y la participación equilibrada de hombres y mujeres, como requisito de legitimidad democrática.

Las mujeres somos la mitad de la sociedad y no el 14%.

Desde la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) reivindicamos una participación igualitaria y justa de las mujeres en todas las esferas sociales, políticas, culturales o judiciales y especialmente en las altas Jerarquías de la Judicatura desde donde se toman las decisiones de mayor trascendencia judicial.

Se abre la oportunidad de avanzar en igualdad (Real). Se abre la oportunidad de integrar a las mujeres con reconocidos méritos y capacidades en las 3 vacantes a cubrir del Tribunal Supremo.

Sin Mujeres No es Justicia.

Madrid, 15 de enero de 2018