ASI SE ESCULPE EL TECHO DE CRISTAL DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA

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A propósito de la próxima cobertura de 4 plazas en el Tribunal Supremo en las Salas II, III y IV.

Próximamente serán cubiertas, por decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 4 vacantes en el Tribunal Supremo: una plaza en la Sala de lo Contencioso administrativa, otra en la Sala de lo Social y la tercera en la Sala de lo Penal.

Para las tres Salas hay candidatas muy sólidas.

– 7 magistradas se postulan para la Sala Penal.

– 4 magistradas para la Sala Contencioso- Administrativa.

– Y 4 magistradas para la Sala Social.

Muchas de estas candidatas cuentan con méritos curriculares, antigüedad en la carrera judicial, y experiencia en el orden jurisdiccional respectivo más que suficientes para acceder justificadamente a estas plazas. Los favoritos, sin embargo, al menos para las Salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo parecen ser dos varones.

La representación femenina en todas estas Salas se encuentra muy por debajo de los estándares marcados por nuestra legislación (que fija un porcentaje mínimo de representación de cada sexo en todo tipo de altos cargos del 40%). Así, sólo una mujer forma parte de la Sala de lo Penal frente a 13 hombres (7,1% de representación femenina), 4 mujeres están actualmente integradas en la Sala Contencioso-Administrativo frente a 31 hombres (11,4% de representación), y otras 4 mujeres forman parte de la Sala de lo Social frente a 8 hombres (33,3% de representación femenina).

La notable desigualdad actualmente imperante en el Tribunal Supremo traslada a la ciudadanía una imagen y un mensaje que en absoluto se corresponden con la real estructura y composición de la Judicatura en su conjunto (integrada por mujeres en un 52,7% de acuerdo con el último informe sobre estructura demográfica de la Carrera), y ha sido objeto de atención y denuncia por parte de Naciones Unidas, que en su último informe relativo a la cuestión de la discriminación contra la mujer en España – emitido el 17 de junio de 2015 – destacaba que “el número real de mujeres en los niveles más altos de la judicatura sigue siendo sumamente bajo” y específicamente recomendaba al Estado español que “aplique medidas especiales de carácter temporal para lograr un equilibrio de género en los niveles más altos de la Judicatura”. Parece evidente que el único modo de cumplir con esta recomendación, y superar una situación manifiestamente contraria a toda la normativa estatal y europea, consiste en cubrir las vacantes que se vayan produciendo en el órgano supremo de nuestro sistema judicial con candidatas femeninas.

Ahora bien, parece que el CGPJ, muy en contra de estas razones estrictamente lógicas, justificadas y ajustadas a la legalidad, va a continuar manteniendo su tradicional proceder a la hora de efectuar nombramientos discrecionales, un proceder en el que pesan más los intereses creados en las masculinizadas redes informales de poder, que la capacidad jurídica y profesional de quienes optan a un cargo. Se sigue asentando, en suma, un sistema que premia el arribismo y la ambición personal y da la espalda al valor del trabajo bien hecho, y con él a muchas mujeres.

Buena muestra de ello es que el número de magistradas en este Alto Tribunal, que actualmente es de 11 mujeres de un total de 77 integrantes, haya permanecido inmutable desde el año 2010 a pesar de todas las renovaciones producidas en los últimos ocho años, patrón que se reproduce en otros altos puestos judiciales: de 17 presidencias de Tribunales Superiores de Justicia, sólo 1 tiene nombre de mujer, y de las 50 presidencias de Audiencias Provinciales solo 8 son femeninas.

Ello es una anomalía que redunda en la calidad de la justicia porque no representa la mirada completa de una sociedad formada por mujeres y hombres, y se agrava si tenemos en cuenta el gran impacto social de las resoluciones del Tribunal Supremo, vinculantes para los jueces y juezas de nuestro país y que se está construyendo a espaldas de las experiencias femeninas que son más de la mitad de la población.

Es urgente, pues, lograr una Justicia Igualitaria, no sólo exógena sino también endógena, para garantizar la integración de la diversidad social y la participación equilibrada de hombres y mujeres, como requisito de legitimidad democrática.

Las mujeres somos la mitad de la sociedad y no el 14%.

Desde la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) reivindicamos una participación igualitaria y justa de las mujeres en todas las esferas sociales, políticas, culturales o judiciales y especialmente en las altas Jerarquías de la Judicatura desde donde se toman las decisiones de mayor trascendencia judicial.

Se abre la oportunidad de avanzar en igualdad (Real). Se abre la oportunidad de integrar a las mujeres con reconocidos méritos y capacidades en las 3 vacantes a cubrir del Tribunal Supremo.

Sin Mujeres No es Justicia.

Madrid, 15 de enero de 2018

COMUNICADO AMJE CON MOTIVO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

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AMJE BLANCO 1

16 PROPUESTAS PARA AVANZAR EN LA IGUALDAD (REAL)

La violencia contra las mujeres y las niñas es la violación de Derechos Humanos, más universal, más oculta e impune que existe hoy día. Es estructural y cultural y continúa siendo ampliamente consentida por los Estados, incluso en los países que se consideran más desarrollados.
Hemos normalizado como algo habitual que los telediarios abran su edición con el anuncio macabro de otro asesinato machista que se suma a una abominable lista. Si ETA consiguió erigirse en 42 años (entre 1968 y 2010) en un notable puesto del escalafón de asesinatos ciudadanos en lo que al Terrorismo Político se refiere, con un total de 829 víctimas, el Terrorismo de Género no se queda atrás con 929 asesinadas, desde el año 2003 al 2017 (14 años). Tan solo en lo que va de año, 44 hombres están siendo investigados por haber asesinado a 44  mujeres y a 8 menores.
Con cada asesinato se reproducen los lamentos desde todos los ámbitos sociales y los minutos de silencio. Una sociedad bipolar, que sólo se escandaliza con cada  crimen atroz, a pesar de que esta lacra se retroalimenta sobre una nutrida base de microviolencias cómodamente instaladas, normalizadas, y hasta promocionadas desde todas las formas pensables de influencia social.
Por otro lado, los datos indican un estremecedor anclaje machista a tempranas edades, que ha incrementado el trabajo de los juzgados especializados de menores. A ello contribuye un plan educativo carente de perspectiva de género, a pesar del mandato contenido en la Ley de Igualdad, y unas nuevas tecnologías que son dúctiles canales de todas las tipologías de violencia sexista, hasta extremos inquietantes.
Nos enfrentamos a una potente lacra histórica, endémica y polifacética que  se engendra desde una arraigada base social subestimada por todas las políticas. Una  base que se genera y regenera en una sociedad que devalúa la imagen de la mujer  con cada anuncio sexista , con un mercado laboral que niega valor social  al tiempo dedicado a los cuidados familiares y establece permisos parentales diferentes por razón de sexo,  una RAE que define sexo débil como conjunto de mujeres o una foto oficial de la Justicia española sin rastro de las mujeres. Una base que se ceba en una violencia sexual globalizada y en unas herramientas educativas contaminadas con un lenguaje  y una historia donde sólo habitan hombres.
No es fácil revertir un proceso, con siglos de experiencia y gran habilidad para adaptarse y reinventarse con cada nueva etapa histórica.
El abordaje, sin duda, debe ser multidisciplinar, desde todos los frentes en los que los estereotipos y prejuicios de género hunden sus raíces más profundas, pero la prioridad debe ser la prevención, a través de las escuelas, porque la educación es el arma más potente para cambiar una sociedad.
Se impone como una necesidad perentoria la puesta en marcha real y efectiva de las medidas aprobadas por el Congreso para aprobar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género y su desarrollo a través de iniciativas que cuenten con recursos económicos, cronogramas y planes concretos de implantación y seguimiento auditados  y sometidos a control de órganos independientes que garanticen su cumplimiento.
El objetivo es claro, conseguir una igualdad real y un marco de convivencia en el que hombres y mujeres puedan desarrollar plenamente sus proyectos de vida, sabiéndose y reconociéndose iguales en valor. Se trata de construir un mundo en el que las políticas de género devengan, por fin, innecesarias y redundantes al haber conseguido que el respeto y reconocimiento entre hombres y mujeres ocupe en la sociedad el lugar que antes se sometía al machismo.