POR UN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EQUILIBRADO

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La representación equilibrada de hombres y mujeres en las altas jerarquías judiciales nacionales e internacionales, así como en los cargos u organismos internacionales de mayor responsabilidad sigue siendo , en el siglo XXI , una quimera.

La igualdad formal galopa tras una igualdad real inalcanzable.

El techo de cristal, sigue siendo infranqueable para ellas en casi todos los sectores económicos y, con mayor virulencia, en las cúpulas de todos los poderes, desde donde se toman las decisiones que mueven el mundo.

Hasta 2015, sólo el 17% de los principales Tribunales Internacionales estaban integrados por mujeres y en los Tribunales Regionales de Derechos Humanos sólo el 25% son magistradas.

Y los datos de representatividad femenina en los puestos de liderazgo de la justicia española no son más halagüeños: en la Carrera Judicial, nunca se ha conocido una presidenta del Tribunal Supremo. Sólo el 13% de las plazas del Alto Tribunal son ocupadas por mujeres. Una y sólo una, de las 17 presidencias de Tribunales Superiores de Justicia tiene nombre de mujer y tan solo 8 de las 50 presidencias de las Audiencias Provinciales de nuestro país son dirigidas por una magistrada. Todo ello en el seno de una Judicatura, en la que más de la mitad de las sentencias son rubricadas por unas juezas que nunca aparecen en la foto oficial de la justicia que cada año ilustra la apertura del año judicial.

Nuestro Tribunal Constitucional, paradójicamente, arroja unas cifras todavía más alejadas del equilibrio que debiera imperar en un órgano que representa la esencia de los cuatro valores constitucionales superiores, entre los que se incluye la igualdad. Desde 1980, 60 personas han ocupado la alta magistratura y sólo 5 han sido mujeres (el 8%). Dos de ellas han sido Vicepresidentas (Gloria Begué y Adela Asúa) y una Presidenta (Maria Emilia Casas).

En la propuesta que las Comunidades Autónomas hicieron al Senado en el año 2010, para nombrar los 4 magistrados/as de designación senatorial, se presentaron 22 nombres. Solo 4 de ellos eran de mujeres (18%). Solo se eligió a una de cuatro. Dentro del cuerpo técnico de “Letrados” del Tribunal Constitucional, las mujeres solo alcanzan el 36% en la actualidad (20 de 55). Ninguna mujer ha ocupado nunca la Secretaría General de la institución. Ninguna ha sido nunca jefa de servicio.

Se abre ahora, una nueva oportunidad en este Tribunal para avanzar hacia una representación equilibrada, como requisito de legitimidad democrática de este prestigioso órgano. El próximo 19 de diciembre de 2016 se acaba el plazo para que las Comunidades Autónomas propongan sus candidaturas en el proceso de renovación de 4 de sus integrantes, de nuevo en aquellos que corresponde nombrar al Senado. Es el turno para que los/as representantes de la política española, asuman sus responsabilidades y den cumplimiento a la exigencia de igualdad real, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.1º y 4º de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en relación con el artículo 14 de la Constitución Española.

Reivindicamos una verdadera participación de las mujeres en todas las esferas sociales, políticas, culturales o judiciales.

El Tribunal Constitucional, debe ser un referente ejemplar de la pluralidad social, y especialmente en la aplicación real (no formal) del principio de igualdad , tanto en sus resoluciones, cómo en su composición paritaria de mujeres y hombres. La próxima renovación de las 4 plazas de este Tribunal Constitucional debe ser cubierto por mujeres.

Más mujeres, más Justicia.

5 de diciembre de 2016

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nuevoENLACE AL FORMULARIO DE  LA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS

 

https://goo.gl/forms/owXa1ubslVrhDtWh2

AMJE CONTRA EL MACHISMO JUDICIAL

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El machismo es una lacra que sigue afectando a nuestra sociedad de múltiples formas. Existe una violencia extrema que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo que, de forma más o menos consensuada, es objeto de repulsa y condena generalizada pero, junto a ello, despliega también su eficacia un machismo más sutil y ladino, que se encuentra instalado en nuestros comportamientos y concepciones del mundo y actúa como un combustible esencial para perpetuar la desigualdad.

De este machismo nadie está libre, ni personas ni instituciones, pues forma parte de una cultura y una educación que nos han inoculado durante siglos y que cuesta mucho sacudirse y superar.

También, por supuesto, la judicatura es víctima de los prejuicios en los que se funda el machismo, con el agravante de que quienes formamos parte de ella somos, precisamente, quienes tenemos la obligación de garantizar que tales discriminaciones no se produzcan y proteger a quienes son víctimas de ellas.

Estos días, hemos asistido a un lamentable espectáculo que evidencia el anclaje del machismo en la justicia. Se publicaron conversaciones privadas en las que se hacía referencia a las mujeres rumanas como a “putas”, entre otras alusiones despectivas por razón de origen. En Las conversaciones , que no han sido desmentidas, participaron algunos magistrados que juzgan diariamente delitos de trata de personas, prostitución o agresión sexual.

Estas actitudes constatan el machismo que impera en nuestra Administración de Justicia. Un machismo bidireccional que se proyecta hacia dentro, con la intolerable discriminación de las mujeres en el acceso a los altos cargos judiciales y, lo que es más grave, hacia fuera, llegando esos prejuicios a condicionar las decisiones que tomamos.

Una verdadera concepción igualitaria de la Sociedad y de la Justicia no se aprende sola, de hecho se opone a todo el sistema de creencias en el que se ha basado la humanidad durante siglos, y requiere por tanto de una formación específica y profunda en materia de género y desigualdad que debe abarcar toda la vida profesional del juez y la jueza. Desde el acceso a la Carrera Judicial y durante todo el desarrollo de su vida profesional la formación con perspectiva de género debe formar parte del bagaje necesario de todo miembro del Poder Judicial debiendo contar además como mérito específico para la promoción profesional.

Ello unido a la firmeza en la condena y proscripción de comportamientos de esta índole constituye la única vía posible para conseguir una Justicia Igualitaria, es decir una Justicia Justa.

ASOCIACIÓN DE MUJERES JUEZAS DE ESPAÑA

Madrid, a 9 de noviembre de 2016

MARCHA ESTATAL 7N CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS.

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La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) como Sección española de la International Association of Women Judges (IAWJ) pretende “contribuir al desarrollo y difusión de la Justicia y de la Igualdad, a través de la concienciación y sensibilización de la ciudadanía en general y de las juezas y de los jueces en particular sobre la necesidad impostergable de la defensa de los Derechos Humanos” (art. 2 Estatutos AMJE).

Nuestra actividad se centra en los derechos de las mujeres y de las/os menores, con el objetivo de ayudar a mejorar su nivel de vida, promocionar y defender sus derechos ante la constatación de una generalizada desigualdad por razón de género, así como la existencia de violencia frente a las mujeres y las niñas, sin descuidar otras formas de exclusión no sólo relacionadas con el género, sino también con la raza, la condición sexual, o cualquier otra diversidad que impida la realización efectiva de la igualdad.

Quienes la integramos partimos del convencimiento de que las juezas y los jueces, como juezas y jueces, estamos en una posición única de influencia en la sociedad y, precisamente por ello, debemos ser catalizadores de su transformación a través del activismo social, pero también a través de la promoción de una JUSTICIA con mayúsculas , más cercana a la realidad social y especialmente dedicada a la erradicación de la discriminación; más humana y racional, y libre de estereotipos y ataduras que merman los Derechos de las Víctimas.

Sabemos que no estamos solas en el camino. Formamos parte del movimiento feminista y hoy, junto con otros colectivos asistentes, aunamos fuerzas con la Plataforma 7N para visibilizar y denunciar que todas, absolutamente TODAS, las violencias que se ejercen sobre las mujeres son expresión de la desigualdad y son violencia machista.

Desde la AMJE rechazamos cualquier actuación individual o colectiva, privada o de los poderes públicos, incluido el judicial, que siga -por acción o por omisión- olvidando a las mujeres y relegándolas a ciudadanas de segunda al servicio de los hombres. No queremos permitir y no debemos permitir que la mitad de la población siga siendo humillada, vejada, coaccionada, violada o asesinada sin una respuesta contundente y eficaz que asuma plenamente que la violencia de género es la que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo, con independencia de si existe una relación social o familiar con sus agresores.

Queremos mostrar especial atención a nuestras/os niñas/os y jóvenes, nuestro bien más preciado, y el futuro de la democracia, como pilar básico para la prevención de la violencia de género. Para ellas y ellos debemos trabajar en el presente. Debemos asumir esta responsabilidad, dándoles una educación igualitaria que los libere de los estereotipos impuestos y que les permita crecer libres y en paz; y que les permita la realización de su propio proyecto vital, sin imposiciones y en plenitud de sus Derechos Humanos. Especialmente importante es la protección judicial que se les debe dar en los casos en que las/os menores crecen en entornos violentos y sienten o sufren directamente la violencia. En estos casos, es necesario huir de respuestas rígidas y generalizadas y primar aquellas soluciones que respondan exclusivamente a la protección de su interés y al sentido común.

Reclamamos asimismo una formación obligatoria en materia de género de todos los implicados en la persecución de los llamados “delitos de género”, con especial incidencia en la violencia familiar y machista y los delitos contra la libertad sexual. En concreto, los destinatarios de esta formación transversal deben ser todas las instituciones, equipos y personas participantes en la persecución del delito y obligatoriamente para abogadas/os, funcionarias/os, equipos psicosociales, letradas/os de la Administración de Justicia, Fiscalas/es y Juezas/ces para evitar la “revictimización institucional”.

La violencia que se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de serlo, es una cuestión de Estado y debe ser, como tal, objeto sin dilación de un Pacto de Estado porque compromete a la mitad de la población y la enfrenta a la otra mitad. Todos juntos, mujeres y hombres, debemos cambiar el estado de las cosas. Se pueden cambiar. Debemos cambiarlas. Vamos a cambiarlas. Todos unidos por una sociedad igualitaria en la que sólo se nos identifique como PERSONAS, sin estereotipos estériles que tanto daño nos hacen.

¡Nos queremos libres y vivas!

Barcelona, 7 de noviembre de 2016

Asociación de Mujeres Juezas de España

Las Juezas no queremos ser “La Mujer del Juez”

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Por la Asociación de Mujeres Juezas de España(AMJE), se ha presentado una petición a la RAE solicitando la eliminación del vigente Diccionario Normativo español de la acepción “mujer del juez”, como uno de los significados vinculados al término “jueza”, porque es un giro anacrónico que perpetúa estereotipos sexistas incompatibles con una sociedad igualitaria, es incompatible con una educación en igualdad colisionando con el artículo 14 de la Ley 3/2007 de Igualdad, además de ser irrespetuoso con la dignidad del colectivo de juezas de este país.
También se ha indicado a la RAE que en la actualidad, las mujeres ocupan ya un 52’4% de la totalidad de las plazas judiciales y el 62’5%, en la franja de edad inferior a 51 años.
La RAE no es un estamento aislado o impermeable a los mandatos legales incluidos en la Ley Orgánica de Igualdad, sobre todo si se tiene en cuenta que su Diccionario Normativo es la herramienta educativa de referencia utilizada diariamente por miles de jóvenes.
Este tipo de acepciones lingüísticas, y la foto oficial que cada año ilustra una apertura del año judicial sin mujeres, infantilizan e invisibilizan a las mujeres juezas españolas, que rubrican más de la mitad de las resoluciones judiciales que se dictan anualmente en este país.
Nuestra petición, como asociación transversal que defiende los derechos de todas las mujeres, se extiende también a otras profesiones en las que se reproduce el mismo patrón sexista (“mujer de …”), tales como fiscala, zapatera, médica o peluquera…, en base a que en el s. XXI, las mujeres están totalmente integradas en el mercado laboral, y desempeñan, junto a los hombre, todas las profesiones o actividades económicas, en condiciones de igualdad formal.”